A partir del año 2008 comencé a preguntar a mis alumnos de Derecho: ¿En casa de cuántos de Ustedes ha entrado el Ejército sin una orden judicial? La respuesta era impactante, pues de dos a siete estudiantes por grupo, afirmaron que soldados mexicanos habían irrumpido en su domicilio sin permiso alguno. Así era. Estudiantes de Derecho violentados en una garantía fundamental, al igual que comerciantes, profesionistas, o servidores públicos. El atropello fue generalizado y defendido entonces por los tres niveles de gobierno de esta y otras entidades. Una de esas ocasiones escuché a un militar justificando que se trataba de una revisión “de rutina” en el interior de todas las casas de una colonia.

El jueves pasado se difundía la noticia de que seis integrantes del Batallón de Infantería número 29 de la Secretaría de la Marina Armada de México, habían secuestrado en vehículo oficial a un empresario. Al mismo tiempo los mexicanos nos enterábamos también de que la Ley de Seguridad Interior, que permite al Ejecutivo el uso de las fuerzas armadas frente a “todas aquellas acciones que pretendan vulnerar la paz social” (art. 8-IV), había sido aprobada en la Cámara de Diputados y remitida al Senado para su aval antes del próximo 15 de diciembre.

Obviamente dicha ley no consiente secuestrar, ni allanar nuestros hogares sin permiso. De hecho prevé expresamente lo contrario, la exigencia de respeto a los Derechos Humanos y Garantías individuales. Tampoco es correcto descalificar a la institución de las fuerzas armadas por los delitos de algunos, mientras hombres y mujeres con el mayor profesionalismo militar arriesgan todo por cumplir sus tareas de seguridad y protección a nuestros intereses; sin soslayar por su parte, que son instituciones presupuestalmente muy costosas de las que aspiramos al máximo provecho y los mejores resultados. Entonces ¿Qué riesgos representa la Ley de Seguridad Interior?

Recordemos algunos datos. Las políticas de endurecimiento contra el crimen (aumentos de penas, intervenciones militares, etc.) traen aparejada la verticalizacón del poder punitivo, dan más poder al gobernante de turno. Por ello es que a veces para lograrlo, afirma el jurista Zaffaroni, se inventan demonios. Así en la inquisición se inventó un demonio a cientos de mujeres para llevarlas como brujas a la hoguera. A Irak, Estados Unidos le inventó el demonio de las armas de destrucción masiva para poder atacar de forma dominante, y en México se reinventa cada día el demonio de las drogas, mediante el cual, por ejemplo en el sexenio anterior, se causaron más de cien mil muertes bajo pretexto de su combate. Cien mil muertes que jamás lograría causar el consumo de drogas por sí solo en tan poco tiempo.

En este sentido, los derechos humanos y las propias leyes se comparan a un dique de contención de ese poder punitivo estatal. Cuantos más agujeros tenga el dique, más posibilidad de atropellos y violaciones a nuestra libertad tendremos. Si el dique tiene muchas fugas, incluso puede romperse causando genocidio, como en el Estado Nacional Socialista, el Fascismo italiano o la dictadura chilena. Dice el refrán que “en arca abierta hasta el más justo peca”, y el texto de poder militarizar “todas aquellas acciones que pretendan vulnerar la paz social” es una buena apertura en el muro de contención legal de las fuerzas estatales. Ese es básicamente el riesgo.

A la “mano dura” de los gobiernos se suma el peligro de su alta popularidad, respaldada por expertos de cafetería y redes sociales, que sin medir consecuencias la suponen como única solución, convirtiendo a políticos no expertos en simpatizantes, y a los no simpatizantes en rehenes de medios de comunicación, e intereses electorales. Todo ello descartando que ese mismo poder de castigo, con todo y atropellos, puede tocar a cualquiera de nosotros, delincamos o no. Sin duda bajo un ejercicio moderado, la ley puede ser de utilidad, pero no es garantía descartar que ocurra lo mismo que hace diez años: Militares en cada esquina y dentro de nuestras habitaciones, con todo y que no esté permitido.

Como afirmaba en 1882 el jurista alemán Von Bar: «Donde llueven leyes penales continuamente, donde entre el público a la menor ocasión se eleva un clamor general de que las cosas se remedien con nuevas leyes penales o agravando las existentes, ahí no se viven los mejores tiempos para la libertad”.