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Participa PGJE de Baja California con universidad de Estados Unidos.

Dentro del marco del “IV Concurso Nacional de Juicio Oral y Audiencias Preliminares” organizado por la California Western School of Law, de San Diego, Estados Unidos, se contó con la intervención especial de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, para exponer sobre cuáles son los principales desafíos del servicio público en México, ante concursantes que han logrado llegar a la etapa final, y destacar entre los 340 equipos participantes, en un evento que eligió como sede en esta fase, a la ciudad de Tijuana.

“Hoy las instituciones de procuración de justicia de México y el mundo, necesitan los mejores perfiles para su ejercicio, caracterizados por el desarrollo de nuevas ideas funcionales que hagan más eficiente el servicio público. Es prioritaria la apertura al cambio, así como un perfil con enfoque en resultados, y que nunca abandonen el lado humano” subrayó en maestro Abraham Cortez Bernal, Coordinador Ejecutivo de la PGJE, ante participantes de distintas entidades y como autoridades académicas de la California Western School of Law.

A nombre de la Mtra. Perla del Socorro Ibarra Leyva, Procuradora General de Justicia del Estado, el funcionario felicitó a los equipos participantes por la elevada calidad mostrada en el concurso que les ha llevado hasta la etapa final, en la que no solamente han demostrados sus habilidades de argumentación para construir teorías del caso, sino para aplicar con precisión la teoría de la prueba y la teoría del delito. Lo más importante, advirtió, es que una vez en el ejercicio del servicio público, se debe mantener siempre el enfoque de que se está trabajando para resolver problemas de seres humanos, no de expedientes o números, lo que implica una responsabilidad adicional en la calidad y calidez en el servicio.

Adicciones, un tema de salud publica y no de seguridad ciudadana. SOCIFOBC

6TIJUANA B.C. Hace un par de semanas durante la sesión ordinaria del Congreso de Baja California, los legisladores aprobaron por unanimidad la Ley de Justicia Terapéutica para el tratamiento de adicciones en materia de justicia penal.

Se trata de una iniciativa que logro reunir a diversos especialistas a través de mesas de trabajo y cuya visión fue considerar la reducción de la reincidencia de personas adictas en las cárceles de Baja California a través de este sistema de justicia que podría disminuir la reincidencia  por encima de un 30%” en delitos menores.

Sin embargo, la iniciativa presenta un reto muy significativo mas allá de lo presupuestal, Baja California ocupa el tercer lugar en el consumo de drogas principalmente marihuana y metanfetaminas según la Encuesta Nacional de Adicciones que publico el periódico Sol de Tijuana en una de sus paginas. Este resultado nada alentador, reafirma que las adicciones debe ser atendidas de manera urgente desde el campo de la salud publica y no solo de la seguridad ciudadana.

131791-1413269431349Se estima que los jóvenes adolescentes asegurados o detenidos por la autoridad durante la comisión de un hecho delictivo en nuestro país, han consumido enervantes, estimulantes y/o substancias ilegales por lo menos el 91% de ellos.

Entre las faltas administrativas y delitos que mas se cometen por jóvenes adolescentes se encuentran las lesiones, el robo a transeúnte, daños en propiedad ajena, robo a casa habitación, robo a negocio, narcomenudeo y violencia intrafamiliar, es decir, existe una co relación entra el comportamiento violento y los efectos del consumo de algun tipo de sustancia de inicio.

a3f2Algunos peritos señalan que durante la comisión de hechos delictivos,  la mecánica de los hechos se cometió bajo el influjo de alguna droga. Tan solo uno de  los 400 componentes que forman parte de la flor de la amapola y de los cuales 70 de ellos son cannabinoides, es decir, la posibilidad de adiccion es alta por mas insignificante que pudiera parecer un consumo temporal.

 

Aunque los efectos en el cerebro duran aproximadamente cerca de 24 horas, el cuerpo almacena los componentes o substancias de tres a cuatro semanas, lo que provoca un efecto retardado en su proceso de desintoxicación natural.

agresion-pandillerosEn Mexico, el consumo de la marihuana en menores de 18 años puede generar mayores consecuencias en su edad adulta y aumenta mas de 10 por ciento la posibilidad de su adicción. Pero como responde la sociedad ante esta problemática que hoy parecer ser el detonante de la comisión de otros delitos entre ellos el narcomenudeo y homicidio?

Por ello, el tema sobre la despenalizacion de la marihuana que estuvo en discusión en algunos espacios legislativos, aulas académicas y partidos políticos debe surgir a partir de propuestas que construya la propia sociedad dando especial atención a la forma de educar y crear conciencia sobre los efectos secundarios del consumo.

c312dba5b9f3ac19d0d1b2edb4cd2429Por lo anterior urge no solo la participación del poder legislativo en las reformase ley y creación de nuevos tribunales para atender pacientes adictos que cometieron delitos menores; sino que se requiere de mayor participación de la sociedad y del sector salud para generar esta concientizacion de la cual dimos cuenta en párrafos anteriores.

En los últimos años se han incrementado las practicas de fumar los compuestos de los extractos de la marihuana cuyos niveles de THC son altos y provocan una percepción distorsionada de la realidad, cambios de animo, depresión, ansiedad, neurosis, falta de coordinación motriz, dificultad al pensar y falta de capacidad para resolver problemas.

Los observatorios ciudadanos y clínicas de rehabilitación para combatir las adicciones, señalan que mas del 30% de consumidores de marihuana pueden desarrollar un problema alto en su consumo, dependencia y en casos severos, la adiccion. Los mismos datos reflejan que las personas adultas que empezaron a consumir la marihuana antes de los 18 años de edad son de 4 a 7 veces mas probables en desarrollar un problema de consumo y adiccion.

centros-de-rehabilitacion-para-drogadictos-gratuitosDurante el año 2015 en Baja California se cometieron mas de seis mil delitos vinculados con la comercialización de estupefacientes, posesión y posesión con fines de venta. Aunque la marihuana estaba en segundo lugar luego de las metanfetaminas, lo cierto es que hubo mas de siete mil personas aseguradas en el Estado por dichas conductas delictivas y continua en ascenso la problematica..

Por lo anterior, resulta oportuno considerar que el tema merece ser atendido de manera integral con tolerancia y respeto en las diversas opiniones de los especialistas. Algunos lo señalan como un “problema” de seguridad publica y la realidad es que representa un reflejo de la descomposición social y las graves afectaciones que están teniendo nuestros jóvenes adolescentes en muchos de los casos.

La agenda publica de los gobiernos debe considerar la descriminalizacion de las personas en situación de adiccion y por otra parte, sumar esfuerzos por atenderlos desde una perspectiva de salud publica.

drogadictoEl consumo de la marihuna ha sido vinculado con problemas de salud mental como la depresión, ansiedad y pensamientos suicidas entre los adolescentes.

Permitir el consumo de drogas en espacios escolares y laborales genera un gran abismo entre el quehacer diario, la productividad, atención, aprendizaje y razonamiento. Sin duda alguna los delincuentes buscan estar presentes en lugares que son redituables para su venta y distribución de la marihuana, de ahí a que la sociedad denuncia y, el Estado sea contundente en acciones contra quienes transgredan la Ley.

La venta, posesión, traslado y distribución de sustancias psicotrópicas son generadores de violencia social y delincuencia.Tan solo en el 2017 el narcomenudeo se incrementó en un 77% en Tijuana y de ahí puede suponerse lo grave de la situación como fenómeno social.

Aquella sociedad donde desaparece la capacidad de asombro ante hechos violentos derivados del consumo de estupefacientes esta condenada al estancamiento. No puede criminalizarse la adiccion y si debe fortalecerse las acciones conjuntas que ayuden al mejoramiento de la salud publica.

 

LA EVOLUCIÓN DE LA POLICIA PREVENTIVA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS CIENCIAS FORENSES.

Colaboración por Lic. Patricia M. Sida Wilkes
Jefa Operativa de la Unidad Especializada en Investigación Criminal de la Policía Municipal de Tijuana.

2TIJUANA B.C. A través de la historia la actuación desorganizada y discrecional de las Policías e incluso otras autoridades en la escena del crimen, lugar de los hechos o ahora llamado lugar de intervención y/o sitio conexo, generaba o genera diversas críticas por las autoridades competentes para aplicar la norma jurídica al caso concreto, así como por los conocedores o responsables de la aplicación de las Ciencias Forenses (peritos), ya que no se llevaba a cabo lo más esencial para una investigación de campo, como lo es, “la preservación”, restándole la importancia que reviste la misma en los primeros actos de investigación.

3Entiéndase “Preservación. Acciones del Primer Respondiente para custodiar y vigilar el lugar de los hechos o del hallazgo, con el fin de evitar cualquier acceso indebido que pueda causar la pérdida, destrucción, alteración o contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios”
(PRIMER RESPONDIENTE, PROTOCOLO NACIONAL DE ACTUACIÓN, 2015, p.12).

En su gran mayoría para la atención de incidentes por la probable comisión de un hecho delictivo, quien acude como primer respondiente es la policía municipal preventiva (policía de sector), misma que al confirmar la noticia criminal entre otras obligaciones policiales conforme al artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá cumplir con lo establecido por las fracciones VIII y IX que a la letra dicen:

8VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En su caso deberá dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público conforme a las disposiciones previstas en este Código y en la legislación aplicable;

IX. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos, en los términos de la fracción anterior;

Esos primeros actos policiales en la atención de un presunto hecho delictivo son de vital importancia, ya que si no se logra la captura en flagrancia del o los responsables, lo que tendremos para vincular a éstos con la comisión del hecho, serán esos indicios que hablarán a través de su correcto manejo y análisis, no omitiendo mencionar que en muchos de los casos, los diversos tipos de contaminación (intencional-no intencional) los lleva a su alteración, perdida y/o destrucción, traduciéndose esto en un beneficio para el delincuente ya que no llegará al Ministerio Público ese caudal probatorio que represente la certeza jurídica que requiere el juzgador para emitir su resolución, y por el contrario se coadyuva con la impunidad a través del actuar no profesional violentándose incluso los derechos humanos (uno de los principios rectores de la actuación policial) de la víctima al no llevarse a cabo una investigación diligente con base en métodos científicos.

6Con la reforma constitucional de 2008 al artículo 21 se marca una línea divisoria entre el antes y el después en las funciones policiales y en su propia estructura, teniendo ahora un rol más activo y profesional.

A raíz de dicha reforma la Procuraduría General de la República emite el acuerdo “A/002/10 mediante el cual se establecen los lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito”. Naciendo en éste una nueva figura para efecto de poder desempeñar las funciones de investigación que adquirieron las policías para actuar bajo el mando y conducción del Ministerio Público en el ejercicio de su función.

UNIDADES DE POLICIA FACULTADAS.- Agentes de la Policía capacitados y facultados por los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el procesamiento de los INDICIOS O EVIDENCIAS”.

5Históricamente la titularidad del procesamiento de indicios en una escena criminal correspondía a los peritos adscritos a las Procuradurías ya sea estatales o federales, exclusividad que el propio registro de hechos criminales rebasa en su actuar al estado de fuerza existente, incumpliéndose parte de los principios que rigen el proceso penal, ya que ese cúmulo de información que se genera ante la comisión de un delito, no siempre forma parte de una carpeta de investigación. “Principio de intercambio de Edmond Locard, siempre que dos objetos entran en contacto transfieren parte del material que incorporan al otro objeto…cada contacto deja un rastro”.

1“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
A. De los principios generales:
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;……”

En ese tenor, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en los artículos transitorios lo siguiente:

“ARTÍCULO DÉCIMO. Cuerpos especializados de Policía
La Federación y las entidades federativas a la entrada en vigor del presente ordenamiento, deberán contar con cuerpos especializados de Policía con capacidades para procesar la escena del hecho probablemente delictivo, hasta en tanto se capacite a todos los cuerpos de Policía para realizar tales funciones”.

7Es así como esa figura que nació como Unidades de Policía Facultadas, ahora se identifican como Policías con Capacidades para Procesar, mismos que son la base en la etapa preliminar de investigación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y que en consecuencia recae en ellas esa responsabilidad de procesar de manera profesional y en base a métodos científicos el lugar de intervención y/o sitio conexo, resaltando la importancia que tiene conforme a la criminalística la diligencia con la que se actué, siendo ahora piezas claves para el éxito de una investigación. “Edmond Locard, el tiempo que pasa es la verdad que huye”

En el año 2013, se inician de manera estratégica las acciones encaminadas a formar la Unidad de Policía Facultada en la Policía Municipal de Tijuana, y después de todo un proceso de selección focalizada a perfiles profesionales y operativos, capacitaciones y certificaciones necesarias conforme a la responsabilidad que esto representa, se crea la UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL (UEIC), considerándose sus integrantes Policías con Capacidades para Procesar, dando origen sus funciones formales en campo el 16 de noviembre de 2016.

15Así como los delincuentes día a día evolucionan y analizan el actuar de sus futuras víctimas y de las policías para evitar ser descubiertos ante la comisión de un hecho delictivo, de igual manera las autoridades deben generar esa estrategia para la investigación criminal sin que seamos medidos con las acciones rutinarias de patrullaje, resaltando la importancia que ahora se le reconoce al debido procesamiento de indicios y a la cadena de custodia en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

18Ante acciones distintas, el resultado invariablemente será distinto al obtenido con medios tradicionales, siendo el caso de los resultados positivos que ya obran en registro en el sitio Afis, por sus siglas en inglés (Automated Fingerprint Identification System) por parte de Policías con Capacidades para Procesar de la Unidad Especializada en Investigación Criminal de la Policía Municipal de Tijuana, al hacer hablar a esos testigos mudos (indicios) mediante procesamientos en escenarios de robo en sus diferentes modalidades, descubriendo así la identidad de quienes diariamente vulneran nuestra seguridad.

Reiterando mí firme convicción de la importancia que reviste la correcta aplicación de las Ciencias Forenses en funciones de Seguridad Pública, ya que el Juzgador emitirá su resolución en base a evidencia y a la confiablidad de los medios empleados de quienes intervinieron como eslabones en la investigación criminal desde que se confirma la noticia criminal.

Políticas Públicas en Atención a Víctimas — Reporteros de Investigación

Por: María Lima Malvido Introducción Después de trabajar más de 25 años en atención a las víctimas hemos analizado que una de las razones por las cuales no se avanza en el tema como se quisiera, es porque los encargados del diseño, implementación y evaluación de la política pública desconocen la Victimología como marco teórico […]

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Violencia estructural, producto de desigualdad económica en México: investigadora — En Línea BC

TIJUANA.- La violencia estructural es producto de la desigualdad en la distribución de recursos y de poder, así como de una organización económica y política que genera sufrimiento físico y emocional, pues limita las posibilidades de las personas para tomar decisiones sobre su vida, expresó la maestra Rocío Gil Martínez de Escobar.

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Hasta 12 años de cárcel por mal uso de drones en México — En Línea BC

México (Notimex).- Comisiones del Senado analizan una reforma para regular el uso de drones en el país y se contemplan sanciones penales de hasta 12 años de prisión a quienes los utilicen con fines delictivos.

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Año nuevo y marihuana legal

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Por Abraham Cortez Bernal*

A partir de este primero de enero de 2018, en California, Estados Unidos, está permitido el cultivo, posesión, venta y consumo de marihuana para fines recreativos. Ello luego de que en noviembre de 2016 fuera aprobada electoralmente la Proposición 64 conocida como AUMA o Adult Use of Marijuana Act, con casi ocho millones de votos, que representan más del 57% de la totalidad de sufragios. Por cierto, ocurrió bajo la administración gubernamental de Jerry Brown, quien también fuera gobernador del mismo Estado en 1976, cuando se redujo de forma considerable la penalidad para la posesión de dicho enervante.

En este sentido, California se convierte en la sexta entidad de esa nación con disposiciones similares, aunque por su cantidad de población, ya la prensa internacional se refiere a esta como el mercado de marihuana legal recreativa más grande del mundo.

Pero veamos qué tan adecuada fue dicha decisión electoral: Todo gobierno tiene entre sus responsabilidades administrar los recursos y brindar los servicios necesarios para resolver problemas y enfrentar desafíos y riesgos con que cuenta su sociedad. Para ello un primer paso es clasificar el problema tanto por sus causas, como por sus posibles efectos de peligrosidad o lesividad para saber bajo qué rubro de soluciones institucionales podemos eliminarlo o disminuirlo. Partiendo de ahí, el consumo de la marihuana es un problema si este ocasiona daños a la salud o si sus efectos colaterales implican la manifestación de comportamientos antisociales.

Ahora bien ¿Cuál de las instituciones y respuestas al problema es la más adecuada? Aquí es donde sociedad y gobierno dividen sus opiniones, pues hay quienes lo consideran un problema que sólo puede resolverse con cárcel, otros mediante una política sanitaria, otros lo ven como un desafío de la política económica y otros de plano no saben con qué combatirlo, dando palos de ciego.

En California, sin eludir que el consumo de marihuana es un problema, se ha tomado la decisión de controlarlo mediante dos frentes distintos a la criminalización. Por una parte una serie de medidas restrictivas tendientes al control de la salud pública. Por ejemplo sólo está permitida la tenencia de hasta 28.34 gramos de marihuana o una onza por persona, que sea mayor de 21 años de edad, y que no podrá fumar conduciendo, ni a menos de 300 metros de zonas infantiles como escuelas o parques. Si alguien desea cultivar en casa, podrá hacerlo solamente hasta con 6 plantas.

Por otra parte, aunque no propiamente en el discurso gubernamental, se ha considerado el aspecto político económico, pues el Estado de California cobrará un 15% de impuestos sobre la venta de marihuana a cada establecimiento rigurosamente autorizado, a lo que podrán sumarse un 10% de impuestos para los municipios sobre la venta, previendo algunas consultoras especializadas un mercado legal desde cinco mil ochocientos, hasta once mil millones de dólares al año, con su respectivo ingreso fiscal. Si con ello se reducen también las ganancias del crimen organizado, entonces indirectamente se lograría también algún objetivo de política criminal.

En contraposición existe otro criterio, en donde la persecución y combate de los delitos “contra la salud” deja miles de muertes al año, los cuales jamás lograría el consumo de droga por excesivo que fuera. Pese a las probanzas históricas de que ha salido más caro el caldo que las albóndigas, es una postura que desafortunadamente hoy se mantiene firme en muchos países. Lo curioso ahora, es que dicha postura de criminalización también se mantiene firme por el gobierno federal de Estados Unidos en donde la marihuana sigue siendo considerada como una sustancia ilegal, y en donde se cuenta con un fiscal general que públicamente ha expresado que es una sustancia perjudicial que no se debe normalizar y que la ley está para aplicarse.

Si el encarcelamiento y muerte de seres humanos no han logrado conciliar esta contradicción tanto política como normativa, habrá que ver si próximamente lo logran algunos miles de millones de dólares en impuestos y derrama económica, que dejarán a muchos un próspero y feliz año nuevo 2018.

El autor tiene maestría en Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y es profesor de Derecho penal en la U.A.B.C.

acortez@cienciaspenales.info  

 

Seguridad Interior, Seguridad Nacional y Seguridad Pública…

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Por Abraham Cortez Bernal*

Este jueves 21 de diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley de Seguridad Interior, con 34 artículos y 5 transitorios.

Dicha ley ampliamente cuestionada y con diversas ambigüedades, remite en repetidas ocasiones a la Ley de Seguridad Nacional publicada en 2005, sin que nos deje clara la diferencia entre una y otra. En este sentido, frecuentemente “se yuxtaponen y confunden seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública y defensa nacional”; tal como expresaba en un artículo hace años, el propio General mexicano Roberto Miranda, refiriéndose no solamente a las leyes, sino lo que es más grave, también al ejercicio de las propias acciones de seguridad que pueden traer como consecuencia, militares que terminan haciendo de policías municipales, como ya hemos padecido en Baja California. Ante este escenario, merece la pena una distinción básica de los conceptos aludidos.

La expresión de Seguridad Pública, habremos de entenderla como el propósito institucional de salvaguardar los derechos de los individuos, preservar sus libertades, así como el orden y la paz entre las personas. Dicho propósito se caracteriza por las acciones de prevención, investigación y persecución de delitos, así como de faltas administrativas a través de autoridades nacionales, estatales y municipales, cada cual en el respectivo ámbito de sus atribuciones.

Por su parte la Seguridad Nacional, es materia exclusiva del Ejecutivo Federal mediante instituciones como Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Gobernación, Policía Federal u otras; articuladas y coordinadas bajo un Consejo de Seguridad Nacional. Expresión con la que nos referimos a una realidad concreta que permite al gobierno mantener la integridad, estabilidad y permanencia del propio Estado Mexicano, conteniendo o neutralizando los riesgos que le amenacen como tal, y no directamente a sus individuos aunque ese sea su objetivo final, como expresa el artículo tercero de la Ley de Seguridad Nacional.

Una parte de dicha Seguridad Nacional, es la llamada Seguridad Interior. El propio artículo 89, fracción VI de nuestra Constitución, al prever como facultades y obligaciones del Presidente de México, preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, distingue que es “para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Es decir, la Seguridad Nacional puede ser exterior, por ejemplo la defensa de la soberanía, independencia o del territorio nacional por parte de amenazas extranjeras; como interior, con origen dentro del territorio nacional, como emergencias, desastres naturales, o que afecten deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad. Finalmente, cabe aludir el término Defensa Nacional como aquel referido a las acciones estratégicas cuyo objeto es preservar la seguridad nacional.

Pues bien, sobre Ley de Seguridad Interior vigente apenas desde el viernes pasado, se advierten modificaciones a su proyecto inicial, incluyendo un tratamiento especializado para hacerla sobrevivir ante una eventual Acción de Inconstitucionalidad.

Por ejemplo exige un riguroso protocolo para emitir una “declaratoria de protección a la seguridad interior”, debiendo notificar el presidente a la CNDH, publicándola en el Diario Oficial de la Federación con objetivos, duración y amenaza específica. Sin embargo ese garantismo se viene abajo con algún texto entreverado en el artículo 16 que expresa que el Presidente podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias, incluidas las fuerzas federales y armadas, cuando las amenazas a la seguridad interior representen un grave peligro para las instituciones; ello a su criterio, por supuesto y sin perjuicio de que “ahí sobre la marcha” les avise a titulares de los ejecutivos estatales. O bien, con un artículo 26 que expresa que las “acciones” que se realicen para prevenir y atender riesgos a la seguridad interior, no requieren Declaratoria de Protección de Seguridad Interior, con toda la amplitud semántica del término “acciones”.

Como precisamos en este mismo espacio a principios de mes, el texto en sí no parece ofensivo, pero una vez que tengamos al ejército dentro de nuestros hogares, revisando artículos personales e interrogando a nuestras familias, difícil será explicarles que el artículo 7 de dicha ley les exige respeto los Derechos Humanos. No es imposible que ocurra, a fines de la década anterior, lo vivieron cientos de familias en Baja California.

El autor es profesor de Derecho penal en la U.A.B.C y.cuenta con máster en Ciencias Penales y máster en Criminología por la Universidad de Barcelona.

acortez@cienciaspenales.info