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Implementa PGJE estrategia para registrar y clasificar delitos de acuerdo al SESNSP — Plural.mx

Mexicali BC.- Luego de la reunión celebrada en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó a Fiscales y Procuradores sobre la publicación de las cifras de incidencia delictiva que se darán a conocer con base en la nueva metodología para el registro y…

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Año nuevo y marihuana legal

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Por Abraham Cortez Bernal*

A partir de este primero de enero de 2018, en California, Estados Unidos, está permitido el cultivo, posesión, venta y consumo de marihuana para fines recreativos. Ello luego de que en noviembre de 2016 fuera aprobada electoralmente la Proposición 64 conocida como AUMA o Adult Use of Marijuana Act, con casi ocho millones de votos, que representan más del 57% de la totalidad de sufragios. Por cierto, ocurrió bajo la administración gubernamental de Jerry Brown, quien también fuera gobernador del mismo Estado en 1976, cuando se redujo de forma considerable la penalidad para la posesión de dicho enervante.

En este sentido, California se convierte en la sexta entidad de esa nación con disposiciones similares, aunque por su cantidad de población, ya la prensa internacional se refiere a esta como el mercado de marihuana legal recreativa más grande del mundo.

Pero veamos qué tan adecuada fue dicha decisión electoral: Todo gobierno tiene entre sus responsabilidades administrar los recursos y brindar los servicios necesarios para resolver problemas y enfrentar desafíos y riesgos con que cuenta su sociedad. Para ello un primer paso es clasificar el problema tanto por sus causas, como por sus posibles efectos de peligrosidad o lesividad para saber bajo qué rubro de soluciones institucionales podemos eliminarlo o disminuirlo. Partiendo de ahí, el consumo de la marihuana es un problema si este ocasiona daños a la salud o si sus efectos colaterales implican la manifestación de comportamientos antisociales.

Ahora bien ¿Cuál de las instituciones y respuestas al problema es la más adecuada? Aquí es donde sociedad y gobierno dividen sus opiniones, pues hay quienes lo consideran un problema que sólo puede resolverse con cárcel, otros mediante una política sanitaria, otros lo ven como un desafío de la política económica y otros de plano no saben con qué combatirlo, dando palos de ciego.

En California, sin eludir que el consumo de marihuana es un problema, se ha tomado la decisión de controlarlo mediante dos frentes distintos a la criminalización. Por una parte una serie de medidas restrictivas tendientes al control de la salud pública. Por ejemplo sólo está permitida la tenencia de hasta 28.34 gramos de marihuana o una onza por persona, que sea mayor de 21 años de edad, y que no podrá fumar conduciendo, ni a menos de 300 metros de zonas infantiles como escuelas o parques. Si alguien desea cultivar en casa, podrá hacerlo solamente hasta con 6 plantas.

Por otra parte, aunque no propiamente en el discurso gubernamental, se ha considerado el aspecto político económico, pues el Estado de California cobrará un 15% de impuestos sobre la venta de marihuana a cada establecimiento rigurosamente autorizado, a lo que podrán sumarse un 10% de impuestos para los municipios sobre la venta, previendo algunas consultoras especializadas un mercado legal desde cinco mil ochocientos, hasta once mil millones de dólares al año, con su respectivo ingreso fiscal. Si con ello se reducen también las ganancias del crimen organizado, entonces indirectamente se lograría también algún objetivo de política criminal.

En contraposición existe otro criterio, en donde la persecución y combate de los delitos “contra la salud” deja miles de muertes al año, los cuales jamás lograría el consumo de droga por excesivo que fuera. Pese a las probanzas históricas de que ha salido más caro el caldo que las albóndigas, es una postura que desafortunadamente hoy se mantiene firme en muchos países. Lo curioso ahora, es que dicha postura de criminalización también se mantiene firme por el gobierno federal de Estados Unidos en donde la marihuana sigue siendo considerada como una sustancia ilegal, y en donde se cuenta con un fiscal general que públicamente ha expresado que es una sustancia perjudicial que no se debe normalizar y que la ley está para aplicarse.

Si el encarcelamiento y muerte de seres humanos no han logrado conciliar esta contradicción tanto política como normativa, habrá que ver si próximamente lo logran algunos miles de millones de dólares en impuestos y derrama económica, que dejarán a muchos un próspero y feliz año nuevo 2018.

El autor tiene maestría en Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y es profesor de Derecho penal en la U.A.B.C.

acortez@cienciaspenales.info  

 

Seguridad Interior, Seguridad Nacional y Seguridad Pública…

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Por Abraham Cortez Bernal*

Este jueves 21 de diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley de Seguridad Interior, con 34 artículos y 5 transitorios.

Dicha ley ampliamente cuestionada y con diversas ambigüedades, remite en repetidas ocasiones a la Ley de Seguridad Nacional publicada en 2005, sin que nos deje clara la diferencia entre una y otra. En este sentido, frecuentemente “se yuxtaponen y confunden seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública y defensa nacional”; tal como expresaba en un artículo hace años, el propio General mexicano Roberto Miranda, refiriéndose no solamente a las leyes, sino lo que es más grave, también al ejercicio de las propias acciones de seguridad que pueden traer como consecuencia, militares que terminan haciendo de policías municipales, como ya hemos padecido en Baja California. Ante este escenario, merece la pena una distinción básica de los conceptos aludidos.

La expresión de Seguridad Pública, habremos de entenderla como el propósito institucional de salvaguardar los derechos de los individuos, preservar sus libertades, así como el orden y la paz entre las personas. Dicho propósito se caracteriza por las acciones de prevención, investigación y persecución de delitos, así como de faltas administrativas a través de autoridades nacionales, estatales y municipales, cada cual en el respectivo ámbito de sus atribuciones.

Por su parte la Seguridad Nacional, es materia exclusiva del Ejecutivo Federal mediante instituciones como Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Gobernación, Policía Federal u otras; articuladas y coordinadas bajo un Consejo de Seguridad Nacional. Expresión con la que nos referimos a una realidad concreta que permite al gobierno mantener la integridad, estabilidad y permanencia del propio Estado Mexicano, conteniendo o neutralizando los riesgos que le amenacen como tal, y no directamente a sus individuos aunque ese sea su objetivo final, como expresa el artículo tercero de la Ley de Seguridad Nacional.

Una parte de dicha Seguridad Nacional, es la llamada Seguridad Interior. El propio artículo 89, fracción VI de nuestra Constitución, al prever como facultades y obligaciones del Presidente de México, preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, distingue que es “para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Es decir, la Seguridad Nacional puede ser exterior, por ejemplo la defensa de la soberanía, independencia o del territorio nacional por parte de amenazas extranjeras; como interior, con origen dentro del territorio nacional, como emergencias, desastres naturales, o que afecten deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad. Finalmente, cabe aludir el término Defensa Nacional como aquel referido a las acciones estratégicas cuyo objeto es preservar la seguridad nacional.

Pues bien, sobre Ley de Seguridad Interior vigente apenas desde el viernes pasado, se advierten modificaciones a su proyecto inicial, incluyendo un tratamiento especializado para hacerla sobrevivir ante una eventual Acción de Inconstitucionalidad.

Por ejemplo exige un riguroso protocolo para emitir una “declaratoria de protección a la seguridad interior”, debiendo notificar el presidente a la CNDH, publicándola en el Diario Oficial de la Federación con objetivos, duración y amenaza específica. Sin embargo ese garantismo se viene abajo con algún texto entreverado en el artículo 16 que expresa que el Presidente podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias, incluidas las fuerzas federales y armadas, cuando las amenazas a la seguridad interior representen un grave peligro para las instituciones; ello a su criterio, por supuesto y sin perjuicio de que “ahí sobre la marcha” les avise a titulares de los ejecutivos estatales. O bien, con un artículo 26 que expresa que las “acciones” que se realicen para prevenir y atender riesgos a la seguridad interior, no requieren Declaratoria de Protección de Seguridad Interior, con toda la amplitud semántica del término “acciones”.

Como precisamos en este mismo espacio a principios de mes, el texto en sí no parece ofensivo, pero una vez que tengamos al ejército dentro de nuestros hogares, revisando artículos personales e interrogando a nuestras familias, difícil será explicarles que el artículo 7 de dicha ley les exige respeto los Derechos Humanos. No es imposible que ocurra, a fines de la década anterior, lo vivieron cientos de familias en Baja California.

El autor es profesor de Derecho penal en la U.A.B.C y.cuenta con máster en Ciencias Penales y máster en Criminología por la Universidad de Barcelona.

acortez@cienciaspenales.info

Prevenir y Erradicar la Trata de Personas es tarea de todos. Mtra. Moreno Trujillo

Tijuana B.C.- En el marco del Foro sobre Prevención de Violencia, Trata y Secuestro que organizó la Sociedad de Ciencias Forenses de Baja California con el apoyo del Instituto Regional de Investigaciones sobre Prevención y Participación Ciudadana en Baja California en las instalaciones de la sociedad de Historia de Tijuana este 25 de Noviembre Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, la Mtra Mayra Moreno Trujillo presentó una excelente disertación sobre la problemática a la que se enfrentan las víctimas en situaciones de violencia por razones de género y destacó a través de diversos indicadores los grandes retos que tiene la sociedad yel gobierno en dicha materia.

La Mtra Mayra Moreno Trujillo es actualmente colaboradora del Instituto Binacional de las Fronteras (IBF) con sede en Oxnard, California y Directora de la Organización México Americana para el Desarrollo, A.C. (OMADES), ambas instituciones enfocadas a proyectos binacionales en materia de migración y desarrollo. Sus áreas de especialización son educación, migración e incidencia en políticas públicas.

Moreno Trujillo ha colaborado en proyectos de desarrollo y población con el Fondo de Población de Naciones Unidas y con la Organización Internacional de las Migraciones, con esta última coordinó por tres años la campaña “Corazón Azul contra la Trata de Personas” en la región Sur Sureste de México,

Asimismo Mayra Moreno fue por dos sexenios gubernamentales responsable del Programa Estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas del Estado de Chiapas en colaboración con el Centro para la Ciudadanía y la Democracia de la Universidad Autónoma de Chiapas.