Archivo de la categoría: Crimen

LA EVOLUCIÓN DE LA POLICIA PREVENTIVA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS CIENCIAS FORENSES.

Colaboración por Lic. Patricia M. Sida Wilkes
Jefa Operativa de la Unidad Especializada en Investigación Criminal de la Policía Municipal de Tijuana.

2TIJUANA B.C. A través de la historia la actuación desorganizada y discrecional de las Policías e incluso otras autoridades en la escena del crimen, lugar de los hechos o ahora llamado lugar de intervención y/o sitio conexo, generaba o genera diversas críticas por las autoridades competentes para aplicar la norma jurídica al caso concreto, así como por los conocedores o responsables de la aplicación de las Ciencias Forenses (peritos), ya que no se llevaba a cabo lo más esencial para una investigación de campo, como lo es, “la preservación”, restándole la importancia que reviste la misma en los primeros actos de investigación.

3Entiéndase “Preservación. Acciones del Primer Respondiente para custodiar y vigilar el lugar de los hechos o del hallazgo, con el fin de evitar cualquier acceso indebido que pueda causar la pérdida, destrucción, alteración o contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios”
(PRIMER RESPONDIENTE, PROTOCOLO NACIONAL DE ACTUACIÓN, 2015, p.12).

En su gran mayoría para la atención de incidentes por la probable comisión de un hecho delictivo, quien acude como primer respondiente es la policía municipal preventiva (policía de sector), misma que al confirmar la noticia criminal entre otras obligaciones policiales conforme al artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá cumplir con lo establecido por las fracciones VIII y IX que a la letra dicen:

8VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En su caso deberá dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público conforme a las disposiciones previstas en este Código y en la legislación aplicable;

IX. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos, en los términos de la fracción anterior;

Esos primeros actos policiales en la atención de un presunto hecho delictivo son de vital importancia, ya que si no se logra la captura en flagrancia del o los responsables, lo que tendremos para vincular a éstos con la comisión del hecho, serán esos indicios que hablarán a través de su correcto manejo y análisis, no omitiendo mencionar que en muchos de los casos, los diversos tipos de contaminación (intencional-no intencional) los lleva a su alteración, perdida y/o destrucción, traduciéndose esto en un beneficio para el delincuente ya que no llegará al Ministerio Público ese caudal probatorio que represente la certeza jurídica que requiere el juzgador para emitir su resolución, y por el contrario se coadyuva con la impunidad a través del actuar no profesional violentándose incluso los derechos humanos (uno de los principios rectores de la actuación policial) de la víctima al no llevarse a cabo una investigación diligente con base en métodos científicos.

6Con la reforma constitucional de 2008 al artículo 21 se marca una línea divisoria entre el antes y el después en las funciones policiales y en su propia estructura, teniendo ahora un rol más activo y profesional.

A raíz de dicha reforma la Procuraduría General de la República emite el acuerdo “A/002/10 mediante el cual se establecen los lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito”. Naciendo en éste una nueva figura para efecto de poder desempeñar las funciones de investigación que adquirieron las policías para actuar bajo el mando y conducción del Ministerio Público en el ejercicio de su función.

UNIDADES DE POLICIA FACULTADAS.- Agentes de la Policía capacitados y facultados por los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el procesamiento de los INDICIOS O EVIDENCIAS”.

5Históricamente la titularidad del procesamiento de indicios en una escena criminal correspondía a los peritos adscritos a las Procuradurías ya sea estatales o federales, exclusividad que el propio registro de hechos criminales rebasa en su actuar al estado de fuerza existente, incumpliéndose parte de los principios que rigen el proceso penal, ya que ese cúmulo de información que se genera ante la comisión de un delito, no siempre forma parte de una carpeta de investigación. “Principio de intercambio de Edmond Locard, siempre que dos objetos entran en contacto transfieren parte del material que incorporan al otro objeto…cada contacto deja un rastro”.

1“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
A. De los principios generales:
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;……”

En ese tenor, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en los artículos transitorios lo siguiente:

“ARTÍCULO DÉCIMO. Cuerpos especializados de Policía
La Federación y las entidades federativas a la entrada en vigor del presente ordenamiento, deberán contar con cuerpos especializados de Policía con capacidades para procesar la escena del hecho probablemente delictivo, hasta en tanto se capacite a todos los cuerpos de Policía para realizar tales funciones”.

7Es así como esa figura que nació como Unidades de Policía Facultadas, ahora se identifican como Policías con Capacidades para Procesar, mismos que son la base en la etapa preliminar de investigación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y que en consecuencia recae en ellas esa responsabilidad de procesar de manera profesional y en base a métodos científicos el lugar de intervención y/o sitio conexo, resaltando la importancia que tiene conforme a la criminalística la diligencia con la que se actué, siendo ahora piezas claves para el éxito de una investigación. “Edmond Locard, el tiempo que pasa es la verdad que huye”

En el año 2013, se inician de manera estratégica las acciones encaminadas a formar la Unidad de Policía Facultada en la Policía Municipal de Tijuana, y después de todo un proceso de selección focalizada a perfiles profesionales y operativos, capacitaciones y certificaciones necesarias conforme a la responsabilidad que esto representa, se crea la UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL (UEIC), considerándose sus integrantes Policías con Capacidades para Procesar, dando origen sus funciones formales en campo el 16 de noviembre de 2016.

15Así como los delincuentes día a día evolucionan y analizan el actuar de sus futuras víctimas y de las policías para evitar ser descubiertos ante la comisión de un hecho delictivo, de igual manera las autoridades deben generar esa estrategia para la investigación criminal sin que seamos medidos con las acciones rutinarias de patrullaje, resaltando la importancia que ahora se le reconoce al debido procesamiento de indicios y a la cadena de custodia en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

18Ante acciones distintas, el resultado invariablemente será distinto al obtenido con medios tradicionales, siendo el caso de los resultados positivos que ya obran en registro en el sitio Afis, por sus siglas en inglés (Automated Fingerprint Identification System) por parte de Policías con Capacidades para Procesar de la Unidad Especializada en Investigación Criminal de la Policía Municipal de Tijuana, al hacer hablar a esos testigos mudos (indicios) mediante procesamientos en escenarios de robo en sus diferentes modalidades, descubriendo así la identidad de quienes diariamente vulneran nuestra seguridad.

Reiterando mí firme convicción de la importancia que reviste la correcta aplicación de las Ciencias Forenses en funciones de Seguridad Pública, ya que el Juzgador emitirá su resolución en base a evidencia y a la confiablidad de los medios empleados de quienes intervinieron como eslabones en la investigación criminal desde que se confirma la noticia criminal.

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Hasta 12 años de cárcel por mal uso de drones en México — En Línea BC

México (Notimex).- Comisiones del Senado analizan una reforma para regular el uso de drones en el país y se contemplan sanciones penales de hasta 12 años de prisión a quienes los utilicen con fines delictivos.

a través de Hasta 12 años de cárcel por mal uso de drones en México — En Línea BC

Seguridad Interior, Seguridad Nacional y Seguridad Pública…

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Por Abraham Cortez Bernal*

Este jueves 21 de diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley de Seguridad Interior, con 34 artículos y 5 transitorios.

Dicha ley ampliamente cuestionada y con diversas ambigüedades, remite en repetidas ocasiones a la Ley de Seguridad Nacional publicada en 2005, sin que nos deje clara la diferencia entre una y otra. En este sentido, frecuentemente “se yuxtaponen y confunden seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública y defensa nacional”; tal como expresaba en un artículo hace años, el propio General mexicano Roberto Miranda, refiriéndose no solamente a las leyes, sino lo que es más grave, también al ejercicio de las propias acciones de seguridad que pueden traer como consecuencia, militares que terminan haciendo de policías municipales, como ya hemos padecido en Baja California. Ante este escenario, merece la pena una distinción básica de los conceptos aludidos.

La expresión de Seguridad Pública, habremos de entenderla como el propósito institucional de salvaguardar los derechos de los individuos, preservar sus libertades, así como el orden y la paz entre las personas. Dicho propósito se caracteriza por las acciones de prevención, investigación y persecución de delitos, así como de faltas administrativas a través de autoridades nacionales, estatales y municipales, cada cual en el respectivo ámbito de sus atribuciones.

Por su parte la Seguridad Nacional, es materia exclusiva del Ejecutivo Federal mediante instituciones como Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Gobernación, Policía Federal u otras; articuladas y coordinadas bajo un Consejo de Seguridad Nacional. Expresión con la que nos referimos a una realidad concreta que permite al gobierno mantener la integridad, estabilidad y permanencia del propio Estado Mexicano, conteniendo o neutralizando los riesgos que le amenacen como tal, y no directamente a sus individuos aunque ese sea su objetivo final, como expresa el artículo tercero de la Ley de Seguridad Nacional.

Una parte de dicha Seguridad Nacional, es la llamada Seguridad Interior. El propio artículo 89, fracción VI de nuestra Constitución, al prever como facultades y obligaciones del Presidente de México, preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, distingue que es “para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Es decir, la Seguridad Nacional puede ser exterior, por ejemplo la defensa de la soberanía, independencia o del territorio nacional por parte de amenazas extranjeras; como interior, con origen dentro del territorio nacional, como emergencias, desastres naturales, o que afecten deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad. Finalmente, cabe aludir el término Defensa Nacional como aquel referido a las acciones estratégicas cuyo objeto es preservar la seguridad nacional.

Pues bien, sobre Ley de Seguridad Interior vigente apenas desde el viernes pasado, se advierten modificaciones a su proyecto inicial, incluyendo un tratamiento especializado para hacerla sobrevivir ante una eventual Acción de Inconstitucionalidad.

Por ejemplo exige un riguroso protocolo para emitir una “declaratoria de protección a la seguridad interior”, debiendo notificar el presidente a la CNDH, publicándola en el Diario Oficial de la Federación con objetivos, duración y amenaza específica. Sin embargo ese garantismo se viene abajo con algún texto entreverado en el artículo 16 que expresa que el Presidente podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias, incluidas las fuerzas federales y armadas, cuando las amenazas a la seguridad interior representen un grave peligro para las instituciones; ello a su criterio, por supuesto y sin perjuicio de que “ahí sobre la marcha” les avise a titulares de los ejecutivos estatales. O bien, con un artículo 26 que expresa que las “acciones” que se realicen para prevenir y atender riesgos a la seguridad interior, no requieren Declaratoria de Protección de Seguridad Interior, con toda la amplitud semántica del término “acciones”.

Como precisamos en este mismo espacio a principios de mes, el texto en sí no parece ofensivo, pero una vez que tengamos al ejército dentro de nuestros hogares, revisando artículos personales e interrogando a nuestras familias, difícil será explicarles que el artículo 7 de dicha ley les exige respeto los Derechos Humanos. No es imposible que ocurra, a fines de la década anterior, lo vivieron cientos de familias en Baja California.

El autor es profesor de Derecho penal en la U.A.B.C y.cuenta con máster en Ciencias Penales y máster en Criminología por la Universidad de Barcelona.

acortez@cienciaspenales.info

Maltrato infantil problema de salud pública: SOCIFOBC.

131791-1413269431349TIJUANA B.C. MEX. Han pasado más de dos siglos y la humanidad no logra erradicar los malos tratos a los menores, y es México, junto con Estados Unidos y Portugal, los países que registran mayor número mortalidad en niños y niñas por malos tratos de los padres o cuidadores, afirma la psicóloga Liliana Morales de la Sociedad de Ciencias Forenses de Baja California A.C.

En las últimas semanas, las primeras planas de los medios de comunicación y las noticias principales de nuestro estado, hablan de los casos de maltrato infantil, es por ello que deben fortalecerse las acciones encaminadas a garantizar el sano desarrollo y crecimiento de los menores en casa, comentó Morales.

861“Hemos visto un gran número de casos de menores que perdieron la vida en manos de quien se supone debían protegerlos y amarlos. Es necesario entender que el maltrato infantil se refiere a todas aquellas acciones que vayan en contra del desarrollo de los infantes”, afirmó la criminóloga Cristina Padilla, coordinadora del Instituto Regional de Investigaciones sobre Prevención y Participación Ciudadana en Baja California.

Abundó que durante el año y en coordinación con la SOCIFOBC, han realizado foros sobre temáticas preventivas e identificación de factores de riesgo, programa que darán continuidad en diciembre y 2018, dada la problemática que cada vez es más grave.

13178512_1097992590264856_2291534955335587932_nPor su parte Liliana Morales, psicología y especialista en el tema de adolescentes refirió que cualquier indicio de abuso físico, golpes o quemaduras, son elementos suficientes para determinar el maltrato, sin embargo también existe el maltrato,  emocional o psicológico a través de amenazas, insultos,que forman parte del cuadro de violencia cuyo nivel se incrementa hasta llegar al abuso sexual,  y violación entre otras conductas delictivas.

Liliana Morales quien coordina algunos de los programas preventivos que impulsa la SOCIFOBC, dijo que al analizar los casos de violencia hacia los menores, se han encontrado patrones muy parecidos, como madres y/o padres ausentes, familias disfuncionales y la reintegración a la familia agregando un nuevo miembro regularmente de la nueva pareja de la madre o del padre.

Asimismo se han encontrado factores como bajo nivel económico, baja escolaridad de los padres, embarazos no deseados, la falta de oportunidades, o repetición de un mismo estilo parental, es decir haber vivido maltrato en la infancia y consumo de alcohol o drogas.

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Morales precisa que se ha podido determinar que la violencia tiene un origen multifactorial, aunque esto no es una justificación al maltrato infantil, sino una explicación que para darle solución y entender sus raíces.

No existe una fórmula mágica para disminuir o erradicar  la práctica de los malos tratos a los menores, pero la mejor manera de hacerlo sin duda es la prevención”.

Diversas organizaciones de la sociedad civil han coincidido en señalar que es responsabilidad del Estado brindar protección y salvaguardar los derechos de los menores, desde la etapa gestacional y que además de ello deben implementarse mayores sanciones.

Se debe tratar el maltrato infantil como un problema de salud e incluirlo dentro de los programas de atención prioritaria, dada su alta incidencia y las consecuencias que este ocasiona de manera individual y social”.

 “Es común que ante un caso de maltrato infantil surjan comentarios de personas cercanas al o a los menores que si habían podido detectar algunos indicios y que creían que posiblemente algo sucedía, pero la historia suele ser la misma; no querían atender problemas que no fueran suyos, y tristemente toda muerte de un menor por causa de maltrato pudo ser evitada si nos sensibilizáramos y ocupáramos de hacer lo que nos toca como sociedad”.

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 De acuerdo con la multiplicadora de programas preventivos, la familia, abuelos, tíos, maestras o cuidadoras, enfermeras, médicos, vecinos, estamos en contacto directo con los niños y niñas debemos estar al pendiente de cualquier alteración que exista en el comportamiento del menor.

“Quizás puede presentar cambios conductuales tales como, timidez, se encuentra retraído, empieza a presentar miedos, pérdida de interés por actividades que antes disfrutaba, agresividad, pérdida del apetito, llanto, falta a la escuela o guardería con frecuencia, hacer sus necesidades fisiológicas sin control, conductas como chuparse el dedo, o golpear a otros niños”.

También los cambios físicos como mirada triste, marcas en el cuerpo, golpes o moretes, delgadez, palidez, que en algunos casos en el menor se ven descuidados, son síntomas de maltrato, o, la falta de higiene como ropa sucia o desaliñada.

“Es importante que si sospechamos o detectamos en repetidas ocasiones algunos de los factores anteriores, demos  aviso a las autoridades correspondientes para que se realice la investigación correspondiente y se proteja al menor que pudieran estar viviendo situación de violencia. La protección a los niñas y niños es una tarea y un compromiso de todos”. Concluyó Morales.